Quién es el abogado que denunció a Suarez y que fue nombrado en planta permanente del Senado
Se trata de Carlos Blanco, quien asesora a la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti.
Carlos Gabriel Blanco, más conocido como "Charly" entre dirigentes y militantes del justicialismo mendocino, es cultor del perfil bajo. Tal vez por ese motivo algunos peronistas que no comulgan con el kirchnerismo lo destacan con otro apodo, bastante más incómodo: "Blanco es el monje negro de Anabel", dicen. Con ese juego de palabras, resaltan el trabajo interno del abogado que responde lealmente a la senadora nacional Fernández Sagasti.
En el ámbito político, un monje negro es alguien con significativa cuota de poder dentro de la estructura partidaria y bajo nivel de exposición pública. En ocasiones se utiliza para sindicar a los operadores políticos que asesoran, toman decisiones importantes y están cerca del poder, pero no son votados.
No está claro si Blanco -apoderado del PJ e integrante del Tribunal de Disciplina del partido- maneja efectivamente tanto poder o si se trata solamente de una exageración de los justicialistas mendocinos anti K. Lo que sí está confirmado es que en los últimos días el abogado se vio obligado a dejar de lado su perfil bajo por dos noticias que sacudieron a la política mendocina.
Por un lado, fue el patrocinante de la denuncia que presentó la diputada nacional kirchnerista Marisa Uceda contra el gobernador Rodolfo Suarez por "sedición y abuso de autoridad", por no acatar el feriado nacional del viernes 2 de septiembre, decretado por el presidente Alberto Fernández tras el ataque a la vice, Cristina Kirchner.
Además, su nombre apareció en un informe publicado este domingo por el diario La Nación, a raíz de su pase a planta permanente del Senado que determinó la vicepresidenta, que promovió a varios asesores de confianza de más de 30 legisladores del Frente de Todos y monobloques aliados.
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Anabel Fernández Sagasti fue una de las beneficiadas que logró ubicar al menos a cuatro de sus asesores. En el caso de Blanco, fue designado como subdirector de Relevamiento y Monitoreo de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal, que lleva más de un año sin reunirse (el último encuentro fue en febrero de 2021).
En el listado de la Cámara Alta, el abogado, que ingresó en enero de 2017, reviste una categoría A2, con un sueldo inicial bruto de $226 mil, a los que se pueden sumar adicionales como título, antigüedad, capacitaciones y permanencia en la categoría.
Fuentes parlamentarias calificaron como "una picardía" la movida de CFK y sus aliados en el Senado porque los nombramientos se realizaron un año y medio antes del cambio de gestión. Y agregaron que la decisión generó bronca e impotencia entre los empleados que llevan años esperando pasar a planta permanente.
Sin embargo, desde el peronismo mendocino negaron cualquier irregularidad y explicaron que “los nombramientos los consiguieron los distintos sindicatos con representación de los trabajadores parlamentarios”.
En una situación similar a la de Blanco se encuentra Mariano Lazzarotti, que también pasó a planta permanente del Senado. Es integrante de la comisión de Contralor Patrimonial del partido y posee la máxima categoría del escalafón legislativo (A1), cuyo sueldo inicial bruto es de $266 mil, que podría llega a $450 mil si se agregan algunos adicionales.
Lazzarotti mantiene una amistad de muchos años con el presidente de bloque de senadores provinciales del FdT, Lucas Ilardo, y actualmente integra la Comisión de Contralor Patrimonial del PJ.
Las denuncias
Además, Blanco se puso al hombro las últimas dos denuncias que hizo la oposición contra Suarez. Por un lado, encabezó la demanda contra el Ejecutivo por el subsidio que iba a entregarse a la fundación del ex senador Héctor Bonarrico. Y ahora, trabajó con Uceda en la acusación por sedición y abuso de autoridad que realizó contra el gobernador.
El apoderado del PJ tiene una relación de muchos años con Fernández Sagasti desde que eran estudiantes de Derecho y es un hombre de su máxima confianza.
En su currículum figura que se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas (DGE) durante la gestión de Francisco Pérez. Además, hace más de siete años tenía un poder para litigar en nombre de YPF.
Este medio se comunicó con el abogado quien al responder el llamado manifestó que no estaba disponible para hablar.
Fuente: El Sol
