Liberaron a Macho: Cuando la democracia se honra respetándola y haciendo cumplir la ley

“Seguramente quieren aleccionarme”, lanzó Roberto Macho desde la cárcel, desde un pabellón en San Felipe, en donde está detenido por violar reiteradamente el articulo 194 del Código Penal, el que dispone penas por interrumpir o impedir “el normal funcionamiento del transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Por cortar calles y rutas de manera constante y sistemática, para que quede claro.

A esa afirmación, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), le adicionó en tono de sentencia que no lo van a doblegar porque sus patrones son los trabajadores y la sociedad mendocina. Pero su arenga, que transmitió en vivo desde la cárcel en la mañana del miércoles, luego de que le entregaran sus pertenencias, entre ellas el celular que utilizó para la comunicación, la completó con una orden enfática a sus seguidores y en tono profético: “Paren, manifiéstense, retengan los servicios, sean fuertes, sean los líderes de sus propias vidas”.

En verdad, de los dichos de Macho, de su pensamiento, de su manera de encarar su defensa por las imputaciones en contra y de la forma que asume para sacarle provecho a una situación que venía buscando desde mucho tiempo atrás, como el hecho de ser detenido como lo consiguió, con escándalo mediante en medio de un acto aparatoso y teatralizado, qué se puede decir que no sea más que lo obvio. Y que es parte de la naturaleza que le ha dado vida a los actos que ha protagonizado.

Macho se defiende y lo hace como le parece y cree que le conviene. Dice con una seguridad meridiana y admonitoria que lo que hace, esto es cortar las calles y las rutas, interrumpir el transporte, provocando el caos y alimentando el hastío, la ira, la impotencia y la bronca de los ciudadanos a los que afecta con sus actos de manera directa, lo hace por mandato de los trabajadores a los que llama “sus patrones” y en defensa de “la sociedad mendocina”.

Lo llamativo en las consecuencias y repercusiones políticas –pero no tan sorprendente hay que decir–, es que una buena parte de la dirigencia que milita en la oposición política en la provincia y otra en el propio oficialismo, cometa el error de caer (¿será por ingenuidad?) en la tentación de sumarse a la aventura del sindicalista y sin pudor, sin ponerse colorado siquiera, cuestione y critique que desde la Justicia se ordene hacer cumplir la ley y la puesta en valor de las sanciones que prevé la violación de la norma.

En qué momento de la historia se han quedado, en qué cosa extraña están pensando o qué se imaginan quienes, desde la política o representándola, sostienen con tanto énfasis y convencimiento que la detención de Macho, tras los cortes sostenidos de calles y rutas con el entorpecimiento de los circuitos habituales y regulares del transporte público de pasajeros, de los vehículos particulares, de los taxis, de los remises, del transporte de cargas, de los proveedores de servicios ha sido producto de una acción de amedrentamiento y disciplinamiento hacia la militancia social, de la represión y la criminalización de la protesta social. El reino del revés, todo patas para arriba, el mundo en donde la excepción se ha convertido en la regla.

Lo que estos dirigentes o partidos y movimientos políticos están apoyando y consintiendo, sin decirlo, y justificando hay que decir, es el corte o la paralización de los servicios públicos que terminan afectando a la población. Defienden lo que asegura Macho y, además alientan la comisión del delito cuando el dirigente ordenó, como lo hizo ayer, la retención de los servicios.

Retener los servicios es paralizar y mantener cerradas las oficinas del registro civil, otras reparticiones públicas, los centros de salud y los hospitales. Decenas de personas sin su documentación, otras tantas pululando cada día por los hospitales esperando por un profesional o por la extracción de una muestra de sangre, la toma de una radiografía o por una intervención quirúrgica.

En algún momento se deberá revisar el alcance del derecho de huelga, legítimo sin duda alguna, hay que aclarar. Pero el derecho a la protesta no implica dejar a la población sin servicios básicos. La falta de creatividad y de responsabilidad de la dirigencia gremial, no toda, conduce a este tipo de acciones tan comunes como cerrar un hospital, no permitir una operación quirúrgica o no entregar el DNI a una persona tan persona y con los mismos derechos de quien está protestando.

Parecen cuestiones obvias, pero la naturalización de la patria prepotente y piquetera, de la que se siente con el derecho de hacer y deshacer con la administración del espacio público, ha conducido a ser visto como un extraño y un personaje antidemocrático, además de fascista y totalitario a quien exige por el cumplimiento de la ley y de la sanción correspondiente para el que la incumple y se sobrepasa, abusando de la inmovilidad y la parsimonia, muchas veces, de la Justicia.

Esa comparación tan habitual y común con las prácticas de regímenes totalitarios por parte de quien critica la acción objetiva de la justicia cuando se da, a los jueces y fiscales que la hacen cumplir, cuando el criterio que se ha venido aplicando ha ido por otro lado, por la laxitud, cuando no por la negación de la letra misma de la norma, es cuando menos una banalización de los años oscuros, negros, sangrientos y miserables de la dictadura militar.

Por respeto a los que la sufrieron en carne propia y por las consecuencias que provocaron tantos años de ausencia del derecho y del funcionamiento de las instituciones, quienes suelen apelar a una vuelta de aquellas épocas hacer cumplir la ley dentro de lo que la Constitución manda y ordena, debiesen hacer un piadoso silencio. Por lo menos, por respeto y, que se entienda y comprenda, dicho esto con todo respeto, claro.