El Gobierno reconoce que los inhibidores de celulares en cárceles es una promesa difícil de cumplir
La iniciativa propuesta por Luis Petri se implementará en un sector de máxima seguridad en la nueva penitenciaria Almafuerte II. Pero tanto en el Ministerio de Seguridad como en la Justicia admiten las dificultades de costos y tecnológicas para ampliarlo.
La propuesta para implementar de inhibidores de señal de celulares en las cárceles mendocinas avanza de manera lenta. La iniciativa surgió en la campaña electoral de Luis Petri, el Gobierno recogió el guante pero acepta que es de muy difícil aplicación en la práctica. Por otro lado, aseguran que no se debería otorgar más prórrogas, puesto que el contexto no lo justifica.
La implementación de inhibidores de señal de celulares en las cárceles es un tema que instaló Petri en la agenda electoral cuando competía como precandidato a gobernador la provincia. Luego de las PASO provinciales, el gobierno de Rodolfo Suarez prometió llevar adelante esta iniciativa a todos los penales de Mendoza.
En una primera instancia, la propuesta de Petri se ejecutará en un pabellón de máxima seguridad cuando se inaugure la nueva cárcel Almafuerte II.
El costo de los inhibidores y su instalación, la afectación de las líneas internas de los trabajadores penitenciarios o la garantización del derecho a la comunicación de los internos, son algunas trabas que pusieron como ejemplo en el Ministerio de Seguridad para llevar adelante esta iniciativa en los ámbitos carcelarios de la provincia.
El uso de los teléfonos móviles en los pabellones se permitió en 2020 debido a la pandemia y la medida se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En aquel momento, ya a más de tres años, se resolvió que los presos mendocinos tuvieran celulares por las medidas de aislamiento obligatorio, por ende, esto facilitaría el contacto con los abogados y con sus familias, ya que estaban suspendidas las visitas.
En diciembre de 2022, cuando se reevaluó esta política, la Dirección de Personas Privadas de la Libertad justificó el pedido argumentando que con la implementación de esta medida se bajarían los niveles de agresión internos. Desde el Servicio Penitenciario se reconoció en aquella instancia que no se podía evitar el uso de los teléfonos, pero pidió la regulación de las redes sociales. En general, todas las partes estuvieron de acuerdo, entre ellas, el Ministerio Público Fiscal.
Las complicaciones que ve el Gobierno
La semana posterior a las PASO provinciales, el gobernador Rodolfo Suarez, en una entrega de móviles para la policía de Mendoza en Casa de Gobierno, anunció que en el nuevo penal de Almuerte II se iba a colocar inhibidores en un pabellón de máxima seguridad y que en julio se instalarían en todas las cárceles de la provincia.
Pero a dos meses del aviso de Suarez, desde el Ministerio de Seguridad han preferido mantener cautela con el tema y se encuentran elaborando diferentes alternativas para regular el uso de celulares en las cárceles.
“Lo primero que hay que tener en claro es que en todo el mundo está prohibido tener celulares en las cárceles. El mismo juez -en alusión a Sebastián Sarmiento- que lo permitió, tendría que emitir una resolución que ya prohíba el uso de celulares dentro de los penales”, cuestionó una alta autoridad de la cartera dirigida por Raúl Levrino.
En el ministerio indicaron a El Sol que la intención es sacar los celulares dentro de las cárceles, pero garantizando las condiciones para quienes quieran algún tipo de comunicación puedan hacerlo. Además, detallaron que los inhibidores que se colocarán en Almafuerte II serán de punto a punto dentro del pabellón de máxima seguridad.
El Ejecutivo provincial es consientes del avance tecnológico como de que la colocación de una importante cantidad de inhibidores ocasionarían problemas en las líneas del servicio penitenciario, como también de las oficinas o vecinos que vivan cerca de las cárceles.
Por el lado del Servicio Penitenciario recalcaron que se encuentran evaluando alternativas pero que no entienden el apuro de ciertos dirigentes por el tema y que estos deben tener cuidado con lo que dicen en campaña porque desconocen muchas cuestiones de la temática y exponen a todos los encargados del sistema de seguridad de la provincia.
“No sé cuál es el apuro. Estamos evaluando otras alternativas como también la mejora del sistema. Esos inhibidores no se fabrican en el país y se tienen que pedir al exterior. Su compra y colocación rondan los 500 o 600 mil dólares. A veces se dicen cosas en campaña y no miden si son factible de hacer o no”, sentenció un funcionario del Servicio Penitenciario.
El Sol quiso contactarse con el candidato a vicepresidente Luis Petri para que de su visión acerca del tema, pero no obtuvo respuesta.
Sarmiento propuso una app para regular
Mientras en el Ejecutivo provincial hay dudas, para el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, responsable de garantizar el uso de teléfonos celulares, no ve factible la colocación de inhibidores, pero sostuvo que el Estado provincial debe garantizarle el derecho a la comunicación de todos los internos.
Sin embargo, Sarmiento -que también fue director general del Servicio Penitenciario- aclaró que no se prorrogaría la medida porque no habría contexto ni fundamento para hacerlo.
“Técnicamente, es de suma complejidad y tiene un costo infernal. Yo recuerdo cuando estuve a cargo del Servicio Penitenciario no podíamos lograr técnicamente resolver los problemas que generan los inhibidores”, justificó.
El abogado detalló que instalar inhibidores en cárceles de toda la provincia es una inversión muy arriesgada debido al avance permanente de la tecnología y que, a su vez, afectaría a las líneas internas de los penitenciarios como del resto de los trabajadores del lugar.
“Hacés una inversión gigante, cambia la tecnología y todos esos inhibidores que salen en fortuna ya no servirían. Entonces, ahí hay un problema. Hoy, por ejemplo, se está mutando a 5 G. Además, por la cantidad de inhibidores que se tienen que colocar no tienen que perjudicar el no funcionamiento de las comunicaciones operativas al Servicio Penitenciario”, argumentó el juez.
Sarmiento remarcó la importancia de que el Estado provincial busque otras alternativas para garantizar el derecho a la comunicación de todos los internos y que “hay que recordar que el acceso a Internet ya se ha convertido en servicio público”.
“Hay muchísimas aplicaciones, que si bien son caras, son mucho más baratas que los inhibidores. Son más prácticas, ya que son aplicaciones donde el teléfono celular se ingresa a un sistema informático que limita el tipo de llamadas o qué tipo de acciones se puede hacer con el teléfono”, enfatizó.
Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Seguridad como del Servicio Penitenciario coincidieron en que no puede ser factible.
“Esa aplicación para teléfono solo va a servir para fomentar un negocio dentro del penal. Es muy fácil plantearlo para después no hacerse cargo de lo que sucede adentro”, explayó una autoridad penitenciaria.
El magistrado sobre el que dependen medidas como las salidas transitorias o la libertad condicional, envío un proyecto a la Suprema Corte para que se evalúe y estudie la utilización o no de los celulares en los penales en el que se garantice el derecho a la comunicación. Pero remarcó que en la provincia se tiene dar una discusión seria del tema pero que se tendría que realizar en la Legislatura y no el ámbito del Ejecutivo o de la Justicia.
Fuente: El Sol
