Buscan que las multas por el mal uso del agua se actualicen según la inflación
El oficialismo presentó un proyecto en la Legislatura para ajustar los valores de las infracciones sobre una nueva Unidad de Agua (UDA), apuntando especialmente a los empresarios.
El oficialismo quiere actualizar los valores de las multas que se cobran en Mendoza a quienes hacen un mal uso del agua. Para eso presentó un proyecto que crea la Unidad de Agua (UDA), fijada en $500, que se modificará en base a la evolución de los salarios y la inflación.
Senadores de Cambia Mendoza (CM) plantearon la "urgencia" de modificar la normativa actual para que los montos aplicados a los infractores tengan una "significancia económica acorde a la realidad".
"No se trata de un aumento sino de tener una unidad actualizada. Los valores de las multas quedaron desactualizados con el paso del tiempo", explicó el senador radical Marcelo Rubio, uno de los autores de la iniciativa presentada en la Legislatura por distintos espacios que integran CM.
El argumento principal de esta propuesta es que los montos cobrados a los infractores quedaron en niveles "irrisorios", dado que se fijaron en los años 90 a través de distintas regulaciones, y desde entonces el peso argentino fue perdiendo su valor.
"Nos pareció importante hacer cambios y crear una unidad de identificación para el agua, un recurso tan importante en la provincia", comentó el senador.
La Ley 6044 de Servicio de Provisión de Agua Potable (1993) establece multas para quienes contaminen las aguas de hasta un $1.000.000, por ejemplo. Dicha cifra dejó de ser proporcional a las ganancias que puede producir una empresa vinculada al mercado exterior, indicaron desde el oficialismo.
De esta manera se restó peso a la función preventiva y retributiva de las sanciones, con valores que hoy no tienen impacto en relación a la capacidad económica de los infractores, señaló Rubio.
Esto "ha atentado significativamente contra la capacidad efectiva sancionatoria" y "atenta contra la eficacia en el cuidado del recurso hídrico", en un "contexto de más de 10 años de sequía", argumenta el proyecto que lleva también las firmas de Martín Kerchner (UCR), Rolando Baldasso (PRO), Fernando Alín (Partido Socialista) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).
Atado a la inflación
Para evitar que los montos vuelvan a quedar desfasados con el paso de los años, la Unidad de Agua (UDA) se ajustará según la aplicación de la fórmula compuesta por dos componentes.
En un 50% por la evolución de los salarios, medida por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), y en un 50% por la variación de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto "será actualizado anualmente con el tratamiento del presupuesto de la Superintendencia General de Irrigación".
Así, se garantizará "el adecuado funcionamiento de las instituciones de protección de la calidad del agua de todos los mendocinos y mendocinas así como de uso eficiente", asegura la iniciativa.
Qué se sancionará y cuánto se multará
Este proyecto modifica artículos de distintas legislaciones, como la Ley General de Aguas, la Ley de Transferencia de Bienes Raíces, la Ley de Uso del Agua Pública para Agricultura, y la Ley de Extracción de Aguas Subterráneas, entre otras.
De esa manera, se fijan nuevos montos para las multas, como por ejemplo:
- De 10 UDA a 1.000 UDA ($5.000 a $500.000) a todo contrato de agua destinándola a otro uso que aquél para el cual se hizo la concesión, para quien obstruya el curso de un desagüe o el que derive en provecho propio el agua que estaba destinada a otro.
- De 20 UDA a 100 UDA ($10.000 a $50.000) para los funcionarios, empleados o autoridades de riego que toleren la sustracción indebida del agua cuando tuvieren un conocimiento cierto del hecho, sin denunciarlo o sin adoptar las medidas respectivas.
- Con 300 UDA ($150.000) por cada hectárea cultivada en forma clandestina o ilegítima.
De 300 UDA a 10.000 UDA ($150.000 a $5.000.000) a quien construya un pozo para extraer aguas subterráneas sin la previa autorización reglamentada.
De 100 UDA a 1.000.000 UDA ($50.000 a $500.000.000) para casos de violaciones a la Ley 6044 de Reordenamiento institucional, prestación servicios provisión de agua potable, saneamiento y protección calidad.
