Álvaro Martínez, propuso la incorporación de cámaras corporales para las fuerzas de seguridad
Es una iniciativa del Diputado Nacional del PRO Álvaro Martínez, quien propuso la incorporación de cámaras corporales para las fuerzas de seguridad
El proyecto de ley denominado “RÉGIMEN DE USO DE CÁMARAS CORPORALES POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN”,busca fortalecer el carácter civil de las instituciones dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El agregado de cámaras busca brindar una herramienta para la vigilancia móvil y así proteger y disuadir el crimen, mejorando de esta forma la calidad en la seguridad para con la ciudadanía dentro del territorio nacional.
En la cuenta oficial de Twitter de Omar de Marchi pudo verse lo siguiente en relación a este tema:
El proyecto presentado explica en su cuerpo argumentativo todas las disposiciones y legalidades a tener en cuenta para poder llevar a cabo esta iniciativa. Dentro de las mismas, se destaca la adquisición de dichos elementos, la capacitación pertinente de los agentes para su uso, evaluaciones, informes y metodologías en las cuales el empleo de las cámaras sea legal. La disposición de las mismas estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, como así también el contenido que puedan llegar a almacenar.
Cabe destacar que, según los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante 2021 se registraron 362.566 robos hacia las personas. Además, según la Facultad de Psicología de la UBA, 9 de cada 10 argentinos teme ser víctima del delito.
En tanto, en Mendoza, los últimos datos disponiblesindican que el 34,6% de los robos son denunciados, mientras que la cifra” oculta” es de 65,4%.
Es decir, que dos tercios de los robos no son denunciados, de acuerdo a la“Encuesta de Victimización”, realizada por el Ministerio de Seguridad de la provincia.
Este proyecto es una iniciativa más dentro del plan iniciado por Martínez, que busca capacitar y brindar herramientas al cuerpo policial. Antecesora a esta idea, el diputado había presentado un proyecto de ley en la provincia de Mendoza para regular el uso de armas no letales, comúnmente conocidas como “Taser” e incorporarlas para su uso a los rangos de mayor categoría dentro de la policía con el fin de ofrecer un instrumento que los ayude a cumplir su labor sin generar daños permanentes en las personas a detener.
