El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido y trasladado de urgencia este sábado a la madrugada al Regimiento Escolta Presidencial luego de que un grupo de manifestantes copara las inmediaciones de su residencia en el barrio de Mburucuyá de Asunción. De allí salieron tres camionetas con los vidrios polarizados y sufrieron huevazos y piedrazos a su paso.

El Senado había resuelto este viernes su destitución por unanimidad para someterlo a un juicio político. La medida se concretó como parte de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al caso Ueno Bank que afectó los ahorros de 3 millones de personas.

La orden de detención fue emitida por la Fiscalía, que citó a Peña a declarar este sábado. La decisión de trasladarlo a una unidad militar se tomó ante la evaluación de que su seguridad no podía ser garantizada en su residencia particular debido a las protestas en los alrededores.

Peña deberá presentarse ante el Ministerio Público para ejercer su derecho a la defensa. La pesquisa abarca presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, según indicaron los fiscales encargados del caso.

Claves de la destitución de Santiago Peña

Los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, junto a agentes de la Policía Nacional, ejecutaron la orden de detención en el domicilio de Peña.

Tras verificar su presencia, se dispuso su arresto domiciliario, pero la situación de seguridad llevó a su traslado de inmediato.

La citación judicial ocurre tras la destitución de Peña de la presidencia de Paraguay, la cual se concretó por unanimidad en el Senado por mal desempeño de sus funciones. Pedro Alliana asumió la presidencia interina, prometiendo resarcir a los afectados por la crisis bancaria.

Implicados en la investigación financiera

Paralelamente, el exdirector del Banco Central de Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, se entregó a las autoridades. Carvallo está señalado por su presunta participación en maniobras de lavado de fondos millonarios y vínculos entre el sistema financiero y funcionarios de alto rango.

El abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, cuestionó la legalidad de la detención y afirmó que su cliente colaborará con el proceso.

Sin embargo, adelantó que, de formularse una imputación, solicitarían una medida cautelar alternativa, argumentando que no existirían riesgos de fuga u obstrucción a la investigación.