La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el despido de 27 pilotos que trabajaban en Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA), la empresa estatal que se encargaba de la lucha antigranizo y que desde 2024 dejó realizar esa actividad, echando e indemnizando a los aviadores. El gremio de los pilotos había presentado un recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación, alegando que los despidos fueron arbitrarios, pero el máximo tribunal mendocino rechazó ese último recurso judicial.

A mediados de 2024 el Gobierno de Mendoza decidió ponerle fin al programa de lucha antigranizo con aviones, alegando que la evidencia científico no ha conseguido determinar que exista un impacto real en mitigar el impacto del granizo en el sector productivo.

A raíz de esa medida, la empresa estatal AEMSA suspendió la actividad de siembra antigranizo, cerró el taller aeronáutico y el área de operaciones y despidió a 27 pilotos.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) fue a la justicia afirmando que los trabajadores de la empresa mendocina habían sido despidos de forma arbitraria y sin que se tramitara un procedimiento preventivo de crisis. La Corte mendocina rechazó en agosto de este año el reclamo pero el gremio insistió a través de un recurso extraordinario federal, solicitando que la Corte Suprema de la Nación revise el fallo local.

Sin embargo, los jueces Mario Adaro, Norma Llatser y Julio Gómez desestimaron ese recurso interpuesto en septiembre de este año por APLA y confirmaron la sentencia que avaló el despido de los 27 pilotos de la lucha antigranizo.

El último recurso del gremio de pilotos

APLA presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia del máximo tribunal provincial.

Advertían que la decisión resultó contraria al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al no haberse tramitado el procedimiento preventivo de crisis, por lo que los despidos resultaron arbitrarios.

Sostuvo que el incumplimiento de ese procedimiento atentó también contra la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y a celebrar convenios colectivos de trabajo, de acuerdo con los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Asimismo, el gremio afirmaba que se valoró arbitrariamente la prueba y se omitieron elementos que “constituían indicios suficientes de discriminación sindical, tales como las declaraciones públicas de funcionarios provinciales, las actas del directorio de AEMSA, los despidos de pilotos afiliados a APLA y la continuidad de actividades de AEMSA mediante otros mecanismos o contrataciones”.

Concretamente, APLA sostuvo en su demanda que correspondía a AEMSA demostrar que los despidos obedecían a causas objetivas ajenas a toda discriminación. 

Rechazo de la Corte y sentencia confirmada

Los jueces Adaro, Llatser y Gómez analizaron estos argumentos del gremio de pilotos para habilitar que la Corte de la Nación tomara el caso, pero desestimaron el recurso extraordinario federal.

Indicaron que el gremio no logró demostrar la existencia de “cuestión federal”. Entendieron que tampoco efectuó un análisis de razones atendibles que viabilicen una afectación constitucional o de normas federales y que, de esta manera, posibiliten admitir el recurso.

Para que sea admisible el recurso extraordinario federal es menester no solo el planteo de una cuestión federal, sino que ésta guarde una relación directa e inmediata con el contenido de la resolución impugnada. Ello no se cumple si, pese a hallarse en juego una cuestión de orden federal, el pronunciamiento se apoya en preceptos de derecho común y en cuestiones de hecho, que resultan suficientes para la solución integral del caso. 

Según los ministros de la Corte, APLA no rebatió el fundamento central de la sentencia de grado, consistente en que el Estado provincial abandonó el sistema de protección agrícola por medio de aviones.

“Aunque AEMSA continuara prestando otros servicios para la Provincia de Mendoza, dejó de requerirse la labor de los pilotos afectados, por lo que se les abonó la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo”, esgrimieron los jueces.

Asimismo, señalaron que “el fallo de esta Corte aclaró que el procedimiento preventivo de crisis, de cuya omisión se agravia la recurrente, solo resultaría exigible si la empleadora hubiese alegado las causales de despido previstas en el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, a los efectos de abonar las indemnizaciones reducidas. Esto no fue lo que ocurrió en este caso”.

En base a estos argumentos, los tres magistrados desestimaron el recurso extraordinario federal y dejaron firme la sentencia que avaló el despido de los 27 pilotos de la lucha antigranizo de Mendoza.