Desde este jueves rige formalmente en Mendoza el nuevo Régimen Especial Penal Juvenil, luego de la promulgación de la Ley 9735 y su publicación en el Boletín Oficial. La normativa adapta el sistema provincial a la Ley Nacional 27.801 y establece las reglas que deberán aplicarse a los adolescentes de entre 14 y 18 años que sean acusados de cometer delitos.

El cambio central es que los adolescentes desde los 14 años quedan alcanzados por un régimen de responsabilidad penal especializado. La nueva legislación nacional comenzó a aplicarse en todo el país el 5 de septiembre y establece un sistema diferente al de los adultos, con procedimientos, operadores y medidas específicas para esta franja etaria.

En Mendoza, la Ley 9735 completa la adaptación provincial y crea un Código Procesal Penal Juvenil propio. La normativa regula las distintas etapas del proceso: desde la investigación de un delito y la intervención judicial hasta el juicio, las impugnaciones y la ejecución de las medidas o penas.

El sistema mantiene la especialización del fuero penal juvenil. Intervendrán organismos específicos, entre ellos el Tribunal Penal Juvenil, los Juzgados Penales Juveniles, el Ministerio Público Fiscal Penal Juvenil y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. El objetivo es que los adolescentes sean juzgados bajo reglas diferenciadas de las utilizadas para las personas adultas.

Uno de los principales ejes del nuevo régimen es que la privación de la libertad no sea la única respuesta. La normativa incorpora medidas alternativas y mecanismos de seguimiento en territorio, entre ellos reglas de conducta, programas comunitarios, monitoreo y dispositivos destinados a acompañar al adolescente durante el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Para llevar adelante ese seguimiento se incorpora la figura del Supervisor Especializado. Tendrá a su cargo el acompañamiento individual de cada adolescente, realizará entrevistas periódicas, controlará el cumplimiento de las pautas fijadas por la Justicia y elaborará informes sobre la evolución de cada caso. También deberá informar los incumplimientos graves e injustificados.

La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) tendrá un papel central en la implementación del nuevo esquema. La estructura provincial contempla una Unidad de Privación de Libertad Juvenil y una Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad. A esto se suman una Guardia Permanente, un sistema de abordaje territorial y un dispositivo residencial socioeducativo de régimen abierto.

En los casos en los que corresponda la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados y separados de las personas adultas. El régimen establece además un sistema progresivo, con diferentes etapas vinculadas con la evolución de cada joven y mecanismos de egreso gradual sujetos a evaluaciones técnicas y al cumplimiento de objetivos.

La educación ocupa un lugar central dentro del nuevo modelo. Para los adolescentes privados de su libertad se establece la continuidad de la educación formal y el acceso a formación profesional, capacitación en oficios y actividades culturales, deportivas y recreativas. La escolarización no podrá utilizarse como mecanismo de sanción disciplinaria.

El régimen también establece límites concretos para el tratamiento dentro de los establecimientos. Quedan prohibidos los castigos corporales, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y el aislamiento como castigo. También se garantiza el contacto con las familias y el derecho de los adolescentes a ser escuchados frente a las medidas disciplinarias.

La nueva legislación busca así combinar responsabilidad por el delito con educación, capacitación y reinserción social. La propia Ley Nacional 27.801 establece como finalidad fomentar en el adolescente el sentido de responsabilidad por sus actos y promover su educación, resocialización e integración social.

La implementación ya había comenzado a prepararse antes de la promulgación de la ley provincial. En septiembre, Mendoza fue la primera provincia en recibir del Ministerio de Justicia de la Nación el sistema informático y los manuales destinados al trabajo de los supervisores especializados.

El desafío ahora será poner en funcionamiento de manera integral la nueva estructura y garantizar la articulación entre la Justicia, la DRPJ y las áreas de educación, salud, seguridad, capacitación y desarrollo social. La Bicameral de Seguridad de la Legislatura ya realizó un relevamiento de la DRPJ y anticipó que continuará siguiendo la adaptación de la institución al nuevo régimen.

Con la entrada en vigencia de la Ley 9735, Mendoza completa así su adecuación al nuevo régimen nacional: los adolescentes desde los 14 años pueden quedar sujetos a responsabilidad penal, pero bajo un sistema especializado que prioriza el seguimiento individual, las medidas alternativas, la educación y la reinserción, reservando el encierro para los casos en que corresponda.