La Justicia sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas. La decisión la tomó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, quien consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano. El fallo también alcanza a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.

La resolución tiene 60 páginas y se apoya en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

Cómo empezó la causa Libra

La investigación nació de denuncias por supuestos hechos de corrupción y una posible estafa vinculada con el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, el valor de la moneda pasó de unos US$0,01 a cerca de US$5 y después se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores perdieron valor.

Para llegar a su conclusión, el fiscal Taiano analizó documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se pidió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento.

Uno de los puntos centrales fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo darle más visibilidad al proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que eso no alcanzaba, por sí solo, para probar una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco bastaba con mostrar la suba inicial del precio, su caída y las pérdidas: hacía falta probar una falsedad concreta que hubiera llevado a los inversores a comprar.

Sobre Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no fue un acto institucional ni implicó el uso de recursos del Estado. Además, señaló que no se hallaron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que probara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para asesorar sobre criptomonedas.

En cuanto a Karina Milei, el juez entendió que no se acreditó que hubiera pedido o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios ligados al proyecto. Se había investigado un posible tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas había una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta se hubiera comunicado o aceptado. Esas pericias también hallaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como "Karina Milei RRPP" y comunicaciones telefónicas con el Presidente, aunque no se pudo establecer su contenido. A eso se sumó el análisis de cajas de seguridad vinculadas con Novelli, ingresos bancarios y billeteras virtuales. El juzgado concluyó que nada de eso alcanzaba para probar pagos indebidos a funcionarios ni una intervención delictiva.

El expediente incluyó además un pedido para congelar 44.593.888,562 USDC, identificados en una billetera vinculada con movimientos del equipo de $LIBRA. El fiscal pidió ayuda a las autoridades estadounidenses para preservar esos activos, pero, según el fallo, Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados para vincular a los investigados con los delitos denunciados y los registros requeridos, y cerró ese trámite.

Martínez de Giorgi sostuvo que el dictamen fiscal estaba bien fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera seguir con el proceso. Aclaró que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en este expediente, pero que eso no impedía sobreseerlos. El fallo todavía puede ser apelado y solo alcanza a las actuaciones examinadas por ese juzgado. La resolución menciona otra investigación judicial vinculada con $LIBRA, por lo que el cierre de esta causa no significa, por sí solo, el final de todos los expedientes relacionados.