El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la diputada provincial suspendida Janina Ortiz fueron condenados a tres años de prisión en suspenso en el marco de una causa por corrupción vinculada con el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras. Ambos reconocieron su responsabilidad penal mediante un juicio abreviado, en el que aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

La audiencia se realizó en el Polo Judicial y estuvo a cargo de la jueza penal Marina Martín, luego de que las defensas, encabezadas por el abogado Raúl Burela, alcanzaran un acuerdo con el fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Juan Ticheli. El convenio también fue ratificado por los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello.

Además de la pena de prisión en suspenso, la condena contempla la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que tendrá consecuencias sobre la situación política de ambos dirigentes.

La investigación judicial se centró en una presunta maniobra desarrollada entre 2021 y 2023, durante la gestión de Orozco al frente del municipio, que habría provocado un perjuicio de $35.511.386,14 para las arcas municipales.

De acuerdo con la acusación fiscal, los fondos fueron transferidos mediante cuatro expedientes administrativos vinculados con licitaciones públicas y contrataciones directas a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada.

La pesquisa determinó que se habrían simulado servicios de limpieza que finalmente no se realizaron. Para concretar las operaciones, se habrían confeccionado planillas y facturas electrónicas que permitieron avanzar con los procedimientos administrativos y autorizar los pagos.

En el caso de Orozco, el acuerdo comprende cuatro hechos de peculado en concurso real, relacionados con las transferencias investigadas. Ortiz, por su parte, aceptó los cargos por peculado en esos mismos procedimientos y por uso de documento público falso. El acuerdo también incluyó una causa acumulada por amenazas coactivas simples.

Orozco y Ortiz habían ratificado su conformidad con el acuerdo ante el fiscal Ticheli el 25 de septiembre. Según las actas citadas en la información judicial, el ex intendente manifestó estar de acuerdo con los términos, mientras que Ortiz respondió afirmativamente tras recibir las explicaciones sobre los delitos atribuidos y las consecuencias del procedimiento.

Posteriormente, el acuerdo fue remitido a los fiscales adjuntos para su ratificación y se fijó la audiencia en la que se formalizó la condena.

El procedimiento abreviado permitió resolver la causa a partir del reconocimiento de responsabilidad de los acusados y del acuerdo alcanzado entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal.

Antes de la audiencia, la jueza Dolores Ramón resolvió apartarse del expediente al considerar que su intervención anterior podía comprometer la garantía de imparcialidad.

La magistrada había dictado el sobreseimiento de otros seis imputados y entendió que esa decisión había requerido una valoración de las pruebas reunidas durante la investigación. Por ese motivo, consideró conveniente que otro tribunal analizara el acuerdo entre la Fiscalía y las defensas.

Tras su inhibición, se sorteó a Marina Martín para intervenir en el juicio abreviado.

Qué pasará con la banca de Ortiz

La condena también abre interrogantes sobre la situación legislativa de Janina Ortiz, quien fue elegida diputada provincial por La Unión Mendocina y permanece suspendida en la Cámara de Diputados.

Una vez formalizada la sentencia, su situación deberá ser analizada en el ámbito legislativo, de acuerdo con los procedimientos institucionales y la normativa vigente.

Entre las posibilidades aparece una eventual cobertura de la banca por María Belén Castillo, dirigente del PRO, aunque cualquier reemplazo dependerá de que se produzca formalmente la vacancia y se aplique el mecanismo correspondiente.