Con la publicación del Decreto 689/2026, el Estado reconoció de forma definitiva el reclamo local, por lo que la jurisdicción mendocina cobrará la totalidad de las regalías del complejo ubicado en San Rafael.

La norma pone punto final a un diferendo originado en 1973, cuando el Decreto 1.560 dispuso que las regalías se repartieran en partes iguales (50% y 50%) entre ambas provincias. Durante más de cinco décadas, Mendoza sostuvo la inconstitucionalidad de ese esquema bajo el "criterio de la fuente", fundamentando que la infraestructura, los saltos de agua y la generación energética se sitúan de punta a punta en suelo mendocino.

El gobernador Cornejo ponderó la medida como "un logro histórico" que restablece un derecho legítimo tras más de medio siglo de distribución equitativa con el Estado pampeano. La decisión política llega en medio de las acciones judiciales impulsadas por la Provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se demandaba no solo la rectificación del criterio impositivo, sino también una compensación retroactiva estimada en $67.500 millones más intereses.

El nuevo escenario económico para Mendoza refuerza el presupuesto provincial y destinará un mayor flujo de fondos hacia obras públicas e infraestructura productiva. A su vez, el fallo se alinea con el proceso de relicitación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles (compuesto por Nihuil I, II, III y Valle Grande). Tras el vencimiento del contrato anterior, la administración provincial conformó Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) para licitar la operación del complejo por los próximos 30 años. De esta forma, la provincia consolida el dominio pleno y económico de sus recursos naturales estratégicos.