El senador provincial Félix González (PJ) presentó un proyecto de ley que propone otorgar al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) la última palabra, de carácter vinculante, sobre cualquier emprendimiento en zonas sensibles. En diálogo con FM Vos 94.5, González explicó por qué es vital que la provincia tome un camino distinto al resto del país para recuperar la confianza de la sociedad.

La nueva Ley Nacional 27.804 habilitó a que las provincias tomen decisiones directas sobre cuerpos glaciares y periglaciares. Para el senador González, esta descentralización representa un riesgo que debe ser mitigado con una norma propia que brinde certezas. «Esta ley nacional habilita a que sea la provincia la que tome definiciones en relación con glaciares y periglaciares. Junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti y equipos técnicos, surgió la iniciativa de que Mendoza tome un camino distinto al resto. Queremos establecer por ley que nuestro organismo para analizar cualquier emprendimiento sea justamente el IANIGLA», dijo al inicio de la entrevista.

«Es un instituto con sede en nuestra provincia, con una experiencia científica sobrada y responsable del inventario de glaciares en Argentina. Queremos que Mendoza se obligue a que sus decisiones tengan respaldo técnico y no dependan de la política de turno», resaltó.

El IANIGLA como cláusula de garantía

La propuesta legislativa busca elevar el estándar de protección ambiental en la provincia, transformando la opinión de los científicos locales de una mera consulta técnica a un requisito obligatorio y determinante para la viabilidad de cualquier emprendimiento en la montaña.

Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer el carácter vinculante de los dictámenes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. «La propuesta es que lo que determine el IANIGLA sea obligatorio para el gobierno de Mendoza. De esta manera, si el instituto concluye que un desarrollo no afecta el recurso, la decisión política se respalda en la ciencia; pero si el informe es negativo, el proyecto simplemente no avanza», enfatizó el senador González.

Esta rigurosidad técnica responde a la magnitud de la superficie protegida en territorio local. «Mendoza cuenta con más de 4.000 glaciares y aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados de superficie cordillerana con este tipo de formaciones. Es un patrimonio hídrico vital que no puede quedar sujeto a decisiones políticas coyunturales o intereses de corto plazo», advirtió el legislador.

Asimismo, González destacó que este marco normativo también genera certeza para los inversores, un factor clave para el desarrollo económico de la región. «Esto también les da seguridad a quienes tengan interés en invertir en la provincia: las reglas de juego no van a cambiar según el partido que esté en el poder, sino que sus proyectos tendrán un respaldo legal y científico permanente. Al poner la ciencia por delante, eliminamos la discrecionalidad y brindamos garantías a todos los sectores», destacó.

La crisis de confianza en la política y la minería

Más adelante, González analizó que el freno a diversas actividades económicas en la provincia no se debe solo a una falta de «licencia social» de los proyectos, sino a una profunda desconfianza hacia los gobernantes y sus controles. «A veces discutimos si la minería u otra actividad tienen licencia social y no llegamos a nada. Mi visión es que lo que no tiene licencia social es la política. Tenemos que dar pasos para que la gente crea que efectivamente estamos en condiciones de controlar. Si el IANIGLA —integrado por científicos mendocinos— valida algo, la sociedad tendrá la tranquilidad de que se ha analizado correctamente», argumentó.

«Si intentamos avanzar sin este rigor, cualquier proyecto terminará judicializado o parado tarde o temprano. No tiene sentido perder la oportunidad de tener una opinión fundada desde el arranque«, agregó.

Expectativas legislativas y debate social

Con el ingreso formal de la iniciativa a la Casa de las Leyes, el camino hacia una posible sanción dependerá de la voluntad de diálogo del oficialismo y del impulso que la propia comunidad mendocina le otorgue a la preservación de sus recursos naturales.

Sobre el tratamiento en comisiones, el senador confirmó que los tiempos legislativos ya están en marcha. «El proyecto ya ingresó formalmente y, a partir del 1 de mayo, con la nueva integración de la Legislatura, comenzaremos la discusión técnica en las comisiones respectivas. No es una iniciativa planteada para provocar, sino para ayudar a ordenar un problema real y evitar que la judicialización paralice el desarrollo de la provincia», planteó.

Un punto fundamental de la propuesta es el sólido apoyo científico que la respalda. «Contamos con el aval de investigadores que nos acompañaron durante la presentación del proyecto. Si bien el IANIGLA como institución no firmará una opinión de carácter político, sus integrantes están plenamente dispuestos a que el debate se abra y a que se escuchen las voces técnicas que son, en definitiva, las que más conocen nuestra cordillera», subrayó el entrevistado.

Finalmente, González hizo hincapié en el factor agua como el eje que moviliza este reclamo. «Sabemos que el agua es un tema extremadamente sensible para el mendocino. Este proyecto busca ser ese ‘manto de tranquilidad’ y funcionar como una verdadera cláusula de garantía ante los fantasmas que siempre sobrevuelan estas discusiones. Queremos que la sociedad tenga la certeza de que su recurso más preciado está protegido por la ciencia y no por acuerdos de oficina», coincidió al cierre del reportaje.