La reciente sentencia de la Segunda Cámara de Apelaciones sobre los planes de ahorro en Mendoza desató la contraofensiva judicial tras ser calificada por la representante lega de los ahorristas como una resolución que ignora las pruebas fundamentales del expediente.

“Considero que la sentencia ha sido redactada sin considerar ninguna prueba de las que obran en la causa“, argumentó González, y explicó que el tribunal realizó “declaraciones genéricas respecto de otros expedientes, descartando pruebas concretas como la pericia contable, la publicidad engañosa, promesa de cuotas fijas, sobreprecios, inexistencia de los grupos de suscriptores que les habiliten el cobro de un rodado nuevo“.

Según esta postura, el tribunal tampoco consideró la inexistencia de grupos reales de suscriptores que habilitaran legalmente el cobro de unidades nuevas.

El punto más crítico del conflicto radica en la orden judicial que obliga a los consumidores a renegociar con las terminales automotrices deudas que, en muchos casos, superan el valor real de los vehículos en el mercado.

“Además, contiene una orden de renegociar con las automotrices las exageradas deudas que pretenden cobrar, otorgando de hecho un plazo mínimo para negociar montos injustificados y que superan el valor de los vehículos con la advertencia de que, de no negociar esos montos, las automotrices estarán facultadas a secuestrar vehículos y cobrar según sus intereses e imposiciones“, explicó la abogada.

Esta medida otorga un plazo mínimo de negociación bajo la advertencia de que, de no alcanzarse un acuerdo sobre montos considerados “injustificados”, las empresas quedarán facultadas para proceder al secuestro de los rodados. Los afectados sostienen que esta imposición genera un endeudamiento masivo en la sociedad mendocina y prioriza los intereses de las empresas por sobre el derecho de los consumidores.

Ante este escenario, la defensa técnica de los ahorristas confirmó que ya trabaja en la presentación de un recurso extraordinario provincial ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El objetivo es solicitar la suspensión inmediata de la orden de la Cámara por considerarla inconstitucional y nula, exigiendo una revisión integral que revierta el fallo. Con esta acción judicial, González aclaró que la sentencia de segunda instancia “no es definitiva ni resulta aplicable” de forma inmediata, manteniendo la disputa abierta en la máxima instancia judicial de la provincia.

“El fallo genera un endeudamiento masivo a gran parte de la sociedad mendocina y nada de eso ha sido tenido en cuenta“, remarcó.