La escena se armó en silencio, en plena madrugada cordillerana, cuando el tránsito era escaso y cada movimiento resalta sobre la oscuridad de la alta montaña. Eran cerca de la 1.30 del jueves de la semana pasada cuando una patrulla de la Sección Punta de Vacas del Escuadrón 27 Uspallata de la Gendarmería regresaba desde el complejo fronterizo Los Horcones.

A la altura del kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 7, en una zona conocida como la Curva del Tiempo, los uniformados detectaron una situación inusual: dos utilitarios Mercedes Benz blancos detenidos sobre la banquina, enfrentados por sus puertas traseras abiertas, como si estuvieran en pleno intercambio de carga.

La reacción de los ocupantes terminó de confirmar las sospechas. Al advertir la presencia de la patrulla, cerraron de inmediato los portones traseros. El personal pidió apoyo y en pocos minutos se montó el procedimiento. En presencia de testigos, los gendarmes constataron que entre ambos vehículos había una caja plástica negra con tapa amarilla que contenía mercadería. Uno de los ocupantes incluso intentó guardarla rápidamente en el interior de uno de los rodados, donde ya se observaban varios bultos similares. En ese primer contacto, uno de los conductores admitió que los productos provenían de Chile.

En total, nueve personas -cinco mujeres y cuatro hombres- quedaron involucradas en el operativo, que rápidamente escaló hasta la Justicia federal con la jueza María Paula Marisi de turno, que habilitó las requisas correspondientes. Se distribuían en los dos vehículos interceptados en la ruta.

En uno de ellos viajaban seis ocupantes, algunos de nacionalidad chilena y otros argentinos domiciliados en Las Heras y Lavalle, mientras que en el segundo rodado se trasladaban tres personas más. Entre estos últimos se encontraba un integrante activo de Gendarmería Nacional, un dato que desde el inicio encendió las alertas de los investigadores.

Otro elemento clave surgió al verificar los movimientos migratorios: mientras varios de los ocupantes sí registraban ingreso reciente desde Chile, los tres que viajaban en el segundo vehículo -incluido el integrante de la fuerza de seguridad nacional- no tenían salida del país ese día.

Esa inconsistencia fue interpretada como un posible indicio de coordinación previa para el traslado de la mercadería en territorio argentino, una maniobra de presunto contrabando que se transformó en el eje de la investigación federal.

Por disposición del Ministerio Público, se ordenó el inmediato secuestro de los teléfonos celulares de todos los involucrados y el traslado del procedimiento al complejo Los Horcones, detallaron las fuentes del caso.

Sin embargo, allí se definió que las actuaciones continuaran bajo órbita de la propia fuerza, por lo que la comitiva fue llevada finalmente al asiento de la Sección Punta de Vacas, donde se aguardó la orden judicial de requisa.

Con la autorización correspondiente, el procedimiento avanzó con una revisión minuciosa de los vehículos. El resultado fue contundente: se halló una importante cantidad de mercadería de origen extranjero sin aval aduanero en ese momento, pero luego se determinó un aforo aproximado en 75 millones de pesos, destacaron las fuentes de la instrucción.  

Había ropa de distintos rubros, productos cosméticos y elementos de limpieza distribuidos en la parte trasera de los utilitarios.

Pero además, los gendarmes detectaron modalidades de ocultamiento: prendas escondidas en la rueda de auxilio, mercadería disimulada en el compartimento del motor y hasta objetos ubicados en sectores laterales del habitáculo.

Durante las inspecciones en los vehículos también se incautaron diez teléfonos celulares -uno por cada ocupante y un equipo adicional hallado oculto en uno de los vehículos-, que iban a ser peritados para reconstruir comunicaciones y posibles coordinaciones previas.

A eso se sumó el secuestro de dinero en efectivo: más de siete mil euros, 263 mil pesos argentinos y 49 mil pesos chilenos que llevaba uno de los implicados.

Con todos esos elementos, la fiscalía dispuso la detención de los nueve involucrados, la lectura de sus derechos y su traslado a la U-32 para las medidas de rigor, incluidas fichas dactilares y controles médicos.

Además, se ordenó el secuestro de ambos vehículos, que quedaron a disposición judicial en depósito, junto con la totalidad de la mercadería incautada.

El expediente avanzó rápidamente y un par de días después se realizó la audiencia de formalización de la investigación en el fuero federal.

La misma se desarrolló ante el juez Marcelo Garnica y quedó calificada como tentativa de contrabando agravado, tanto por la cantidad de intervinientes -más de tres personas- como por la participación de un miembro de una fuerza de seguridad.

Durante la audiencia, las defensas, entre ellas las de los abogados particulares Federico Ábalos y Carlos Marziali, además de defensores oficiales, cuestionaron las detenciones y lograron que el magistrado dispusiera la libertad de los acusados, aunque todos quedaron imputados y sujetos al proceso.

La única excepción fue el gendarme involucrado, para quien el juez ordenó la detención domiciliaria mientras se profundiza la investigación. De todas formas, es más que probable que recupere la libertad, sometido a proceso, cuando avance la instrucción.

Sobre este punto, los investigadores que hablaron con El Sol pusieron especial atención en su rol dentro de la maniobra. Según surge de la causa, el uniformado circulaba en uno de los vehículos que transportaban la mercadería y, si bien no había cruzado a Chile en esa jornada, ya lo había hecho anteriormente en compañía de una de las mujeres también imputadas en este expediente, a pesar de que lo negó durante cuando habló durante la audiencia.

Ese antecedente reforzó la hipótesis de que no se trató de un hecho aislado, sino de una operatoria que podría haber tenido episodios previos.