El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y crea un nuevo sistema penal juvenil especializado. La iniciativa fue aprobada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y ya había obtenido media sanción en Diputados. Ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.

La norma fue impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, quien celebró la sanción como un logro propio y defendió con firmeza el cambio de paradigma.

“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sostuvo durante el debate. Y agregó: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad”.

La votación estuvo marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y el peronismo, que se opuso desde el inicio. Desde ese bloque cuestionaron que la ley pone el foco en lo punitivo y no en la protección integral de las infancias, además de advertir que el presupuesto asignado es insuficiente.

Según la norma, el sistema que reduce la edad punible de 16 a 14 años destina $23.700 millones a las provincias. De acuerdo con datos del Servicio Penitenciario Federal, el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos, lo que permitiría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido entre los 24 distritos, cada provincia recibiría 308 metros cuadrados.

En ese contexto, el senador Jorge Capitanich señaló: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.

Desde el oficialismo y aliados respondieron con dureza. Luis Juez acusó al peronismo de “mentiroso” y sostuvo: “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”.

Parte del malestar opositor también se reflejó en la intervención de Lucía Corpacci, quien cuestionó la presencia de familiares en las gradas pese a un acuerdo previo para no habilitarlas. “Somos legisladores, no estamos para responder el enojo. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, afirmó.

Por su parte, Gerardo Zamora advirtió que el proyecto podría generar “litigiosidad” y planteó objeciones de inconstitucionalidad. El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo de Martín Soria, quien consideró que el texto “contiene errores graves y peligrosos” y sostuvo que no resolverá el problema que busca atacar.

Durante la sesión, Bullrich pidió un minuto de silencio por las víctimas y solicitó que todo el bloque se pusiera de pie. Finalmente, tras algunas objeciones reglamentarias, se realizó el homenaje.

Qué establece la ley

La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con procesos judiciales adecuados a la edad. Establece la presunción favorable a la minoría de edad y prohíbe que menores de 18 años compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.

Introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando la resocialización. Garantiza que los adolescentes cuenten con defensa y garantías judiciales desde el inicio del proceso y que las causas se tramiten en órganos especializados.

El texto también otorga un rol central a las víctimas, con asistencia jurídica y psicológica inmediata, posibilidad de intervenir en audiencias y participación en instancias restaurativas.

En cuanto a las sanciones, prevé un esquema progresivo que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. La privación de libertad quedará reservada para delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de adultos.

Además, incorpora la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar el proceso de reinserción, establece condiciones precisas para la libertad condicional y contempla abordajes específicos para casos vinculados a salud mental y consumo problemático.

En el caso de menores inimputables, se dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras bajo la órbita de la justicia civil, y se fija la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.