El Tribunal Oral Federal N°2, declaró culpable al ex juez federal Walter Ricardo Bento por los delitos de lavado de activos y de asociación ilícita que cobraba sobornos a detenidos federales a cambio de beneficios procesales.

El jurado integrado por Gretel Diamante, Eliana Ratta y María Carolina Pereira hizo lugar al pedido de la defensa respecto a las prescripciones de aquellos delitos con penas de hasta 2 años. A la vez, rechazó los planteos de nulidad.

Al tratarse de un juicio de cesura, recién al final de la semana la Fiscalía pedirá una cantidad determinada de años de pena.

Los argumentos

“Walter Bento diseño y coordinó las maniobras“, explicó Diamante sobre el lavado de dinero, y agregó que su intervención fue fundamental en todo el funcionamiento de la organización ilícita que se le imputó. “Su intervención proyectó una planificación sostenida“, al punto tal de reducir su exposición directa. En ese punto, describió el armado familiar que quedó a cargo de la titularidad de los bienes.

Destacó en ese esquema el rol de Marta Boiza, pareja del ex magistrado. También señaló a Luciano Bento como “presta nombre” porque sus ingresos declarados contrastaba con la cantidad de bienes cuya titularidad poseía. En tanto, Nahuel Bento participó en operaciones financieras y comerciales, por ejemplo, en la transferencia de vehículos para dar una “transparencia de legalidad”. Diamante explicó que también el hijo con discapacidad de la pareja fue incluido en el esquema de lavado de dinero.

“Todo el grupo familiar hizo uso de dinero en efectivo, que permitió eliminar la trazabilidad y registros bancarios“, sostuvo en la argumentación de fallo, con “una decisión consciente de operar por fuera del sistema bancario formal“.

El tribunal consideró que el grupo familiar fue “una verdadera estructura de soporte del lavado de activos“. Y que aprovechó el rol de juez federal para la realización de ilícitos.

Para el tribunal quedó probado el delito de asociación ilícita y que su rol como juez era fundamental para este concurso. En ese punto, mencionó a Diego Aliaga -fallecido- y Jaime Alba como parte de la estructura que coimeaba a los detenidos en causas federales que caían en el juzgado de Bento y les otorgaba “favores ilegales” a cambio.

“La finalidad era clara: obtener dinero a cambio de favores ilegítimos“, sostuvo Diamante. Y enumeró varios casos en los que se otorgaron cambios en los procesos de los detenidos a través del juzgado a cargo de Bento.

También detalló que los mencionados se referían a Bento como “el gran jefe” o “el número 1“. Y que la estructura de esta organización, su reiterancia en el tiempo y los resultados judiciales “demuestran una asociación ilícita“.

“Walter Bento fue jefe de una organización criminal“, sintetizó Diamante, en calidad de magistrado del fuero federal.

El tribunal también describió las numerosas propiedades que tenía la familia Bento, además de la residencia familiar en el barrio Palmares, que fueron adquiridos a partir del funcionamiento de este esquema de corrupción que anidaba en los tribunales federales de calle España.

“Ha sido una de las causas más complejas que ha enfrentado este tribunal“, señaló Diamante. “Le tocó juzgar a un par. Tocar a un par exigió prudencia, independencia y responsabilidad institucional“, describió la presidente del TOF N° 2 en el inicio de la audiencia final y previo a leer la sentencia.

Un juicio histórico

Se trata de un hito judicial histórico para la provincia. Walter Bento era investigado, entre otros aspectos, por liderar una banda que otorgaba beneficios procesales a cambio de coimas en el ámbito de la Justicia Federal.

En un principio, el Ministerio Público Fiscal pidió que Walter Bento había pedido que sea declarado responsable como jefe de una asociación ilícita y como autor de una extensa lista de delitos: cohecho pasivo agravado, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen ilícito agravado, falsedad ideológica, abuso de autoridad, desobediencia judicial y ocultamiento de elementos de prueba, entre otros.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal general María Gloria André, el fiscal general Dante Marcelo Vega, el titular de la PROCELAC Diego Velasco y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel.

Según expusieron, la investigación permitió reconstruir la existencia de una organización criminal activa al menos desde 2007, que funcionaba a partir del ofrecimiento de libertades, arrestos domiciliarios, sobreseimientos, faltas de mérito o recalificaciones a cambio de dinero, inmuebles o vehículos.

La causa inició en 2020 a partir del asesinato del despachante de Aduana Diego Aliaga -que destapó la olla-, pero el juicio en su contra comenzó en julio de 2023 e incluyó 31 imputados sentados sobre el banquillo a lo largo del proceso. Entre ellos, informantes, policías, abogados y hasta la propia familia de Bento. Se llevaron a cabo más de 160 audiencias con 57 alegatos y con 300 testigos que participaron. Fueron cientos de horas de declaraciones con denuncias, presentación de pruebas, cruces entre el Ministerio Público y la defensa, etc.

En noviembre de 2023, Walter Bento fue destituido de su cargo por el Consejo de la Magistratura. De esta manera, perdió los fueros que lo protegían e inmediatamente fue detenido preventivamente por riesgo de fuga durante el proceso. Bento se aloja en la cárcel federal de Cacheuta desde ese entonces.

Por circunstancias vinculadas al cuidado de uno de sus hijos que tiene una discapacidad, obtuvo salidas temporales para volver a su domicilio en ocasiones especiales. No obstante, pese a la insistencia de la defensa liderada por Mariano Fragueiro Frías, la Justicia jamás aceptó el pedido de prisión domiciliaria.

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